Vivimos un momento histórico como sociedad: estamos definiendo constituirnos de una nueva manera y lo hacemos, valga el juego de palabras, de una manera enteramente nueva. La propuesta de construcción de un estado social y democrático de derecho, ecológico, igualitario y participativo, fruto de una asamblea elegida con criterios de paridad y con escaños reservados, transforman a esta experiencia en un hito nunca visto en la historia constitucional chilena. Sin embargo, este proceso está amenazado por la concentración de los medios.

El ministro de Educación, profesor Marco Antonio Ávila Lavanal, desahucio en su primera cuenta pública la mercantilización de la educación y anunció el inicio de una marcha que conduce a lo que denominó un “nuevo paradigma educativo”: un sistema educativo más equitativo, justo y de calidad integral, que responda a los desafíos del siglo XXI, en donde la institucionalidad ministerial se despliegue a lo largo y ancho del territorio nacional […] con el fin de apoyar y acompañar el desarrollo de los diversos proyectos educativos, para que efectivamente desarrollen la creatividad, la colaboración, la innovación, la reflexión y el pensamiento crítico, por medio de aprendizajes académicos y socioemocionales que permitan vivir en comunidad y desplegar libremente los diversos proyectos de vida”.

Tuvo lugar en España la Tercera Conferencia Mundial de la Educación Superior. Su objetivo: contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 que está centrada en “garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos de aquí a 2030” (UNESCO, 2022).

El proyecto de nueva constitución dispone expresamente que: “El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación”. De esta manera se pone término al debate político desatado por el movimiento secundario allá por el año 2001 (a propósito del pase escolar), respecto del descuido de la educación pública y la aplicación en materia educacional del principio de subsidiariedad. Mientras la carta de 1980 y sus modificaciones establecen que “corresponderá [,,,] al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles”, la nueva normativa consagra el derecho a la educación y al aparato público como el obligado a asegurar su satisfacción. Dispone al respecto el proyecto de nueva Constitución: “La Educación es un deber primordial e ineludible del Estado”; así como que el financiamiento de las instituciones estatales, en concreto las de educación superior, debe “garantizar el cumplimiento íntegro de sus funciones de docencia, investigación y colaboración con la sociedad”.

El movimiento estudiantil, tanto escolar como universitario, operó entre los años de 2001-2019 como una fuerza política y una manifestación cultural decisiva para romper la legitimidad del modelo neoliberal. La consigna No + Lucro cuestionó los fundamentos del modelo económico. El movimiento estudiantil puso,  junto a otros movimientos,  a los derechos sociales como la vara de medida de la legitimidad del orden constitucional heredado de la dictadura.

Se vive por estos días el relevante e histórico proceso de formulación de los nuevos estatutos de las universidades estatales. La ley que dio pie a este fenómeno dispuso en su articulado transitorio: “Las universidades del Estado deberán adoptar procesos públicos y participativos, en que intervengan los distintos estamentos de la comunidad universitaria”, haciendo patente el carácter ilegítimo de los estatutos que permitieron la actuación de los rectores delegados.