La complejidad y trascendencia del estudio del fenómeno jurídico justifica que sea una disciplina propiamente universitaria; esto es, tal como se sigue de la legislación chilena, justifica la existencia de organizaciones académicas destinadas a cultivar, generar, desarrollar y transmitir un “saber superior” en sus distintas áreas o disciplinas, por medio de la investigación, la creación y la innovación. En efecto, ha sido precisamente dicha complejidad y trascendencia la que explica que, luego de un largo proceso histórico, en el seno de la reflexión jurídica se haya generado una importante autonomización o especialización disciplinar; es decir, que hayan surgido -cada vez más sofisticadas- comunidades disciplinares dedicadas al estudio e investigación de dimensiones o expresiones particulares de dicho fenómeno.
La generación y transmisión del “saber superior” sobre el fenómeno jurídico tiene, a lo menos, tres importantes funciones. En primer lugar, da lugar a la formación de profesionales que conforman la tecnificada institucionalización del sistema jurídico o que intermedian entre aquella y la ciudadanía, tanto en labores de representación en juicio, como de asesoría legal en el ámbito público como privado. El ejercicio competente de dichas tareas requiere no solo la adquisición de conocimientos actualizados y pertinentes, sino especialmente el desarrollo de un conjunto de habilidades y competencias que permitan afrontar los desafíos propios de un campo jurídico en constante transformación.
Nótese que dicha tarea implica que la efectiva tutela de los derechos de las personas, así como la realización de los fines del Estado, resulta mediada por los profesionales del Derecho. En otros términos, la efectividad de aquellas poderosas ideas (o ideales) denominadas “Estado de Derecho” y “Democracia” depende -en cierta medida- del quehacer de dichos profesionales. Esto requiere, en consecuencia, no solo que desarrollen una vocación de excelencia y espíritu crítico y reflexivo, sino que también un fuerte compromiso con la promoción del diálogo racional que subyace a dichas ideas modernas.
En segundo lugar, la generación de “saber superior” sobre el fenómeno jurídico no solo permite formar aquellos profesionales con las características antes descritas, sino que también permite abordar dimensiones cruciales de desafíos políticos y sociales que afrontan las sociedades actuales. ¿Cómo compatibilizar nuestras libertades con el incesante desarrollo tecnológico o nuestra igual dignidad con la existencia de desigualdades de hecho que cruzan las sociedades? ¿Cómo adecuar nuestras instituciones ante el cambio climático o distribuir equitativamente sus efectos? Intentar responder a preguntas de este tipo requiere, por cierto, un quehacer interdisciplinario y transdisciplinario, pero también la conformación de comunidades disciplinares especializadas en la investigación de su dimensión jurídica.
Como tercera función, la generación y transmisión de ese “saber superior” no solo alcanza a quienes pasan por las aulas de las facultades de Derecho, sino que también a la ciudadanía toda. En efecto, la reflexión sobre lo jurídico no se agota en las discusiones entre especialistas, sino que requiere un intercambio permanente con quienes se vinculan -de uno u otro modo- con el fenómeno jurídico. En concreto, en una democracia, la tarea propia de servidores públicos y organizaciones sociales requiere del acceso y participación en la reflexión jurídica; mientras que, la plausibilidad del conocimiento jurídico se mide, en una importante medida, por su utilidad práctica.
Lo anterior impone una importante responsabilidad a quienes desarrollan la labor jurídico-académica, como a estudiantes y funcionarios de gestión. Se debe ser capaz de generar las condiciones que permitan -en términos de la ley- “la búsqueda de la verdad” que produce dicho “saber superior”. Cuestión de una dificultad no menor.
En la actualidad, aquella responsabilidad se encuentra desafiada por importantes fenómenos: la emergencia y difusión de la inteligencia artificial que logra organizar una gran cantidad de información a velocidades nunca antes vista; la polarización de las sociedades y el consecuente debilitamiento de la deliberación democrática; como el cambio climático que ahonda desigualdades y profundiza vulnerabilidades. Ante ello, la generación y transmisión del “saber superior” sobre el fenómeno jurídico requiere repensarse. Tema que abordaré en una próxima columna. -