¡Acceso a la justicia, compromiso o quimera!
Es habitual escuchar de manera transversal y casi como un lugar común la palabra “justicia”. En el ámbito social, sindical e incluso hasta en el deporte se alude a un término al cual todos invocan, sin embargo, pocos parecen querer hacerse cargo: la palabra “justicia” fue una de las más vista en grafitis en los muros durante el estallido social.
En una de sus dimensiones, hace referencia a u juicio justo: el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, y es clave para el disfrute de los derechos y libertades. Consiste en la posibilidad de llevar nuestras pretensiones a un tribunal para que nuestros derechos sean protegidos de manera efectiva y con garantía de un debido proceso. Los Estados deben garantizar a las personas, no solo el derecho de acceder al proceso judicial, sino también, a cualquier instancia pública que permita obtener una reparación o tutela efectiva de las necesidades legales de la población.
En Chile, las instituciones que velan para que los más vulnerados tengan acceso a la justicia, son las Corporaciones de Asistencia Judicial (4 CAJs, con presencia en casi todas las comunas del país), donde trabajamos administrativas/os, técnicas/os, trabajadores sociales, psicólogas/os y abogadas/os.
Las y los funcionarios de las CAJs llevamos más de 40 días de paro indefinido, debido a una serie de incumplimientos por parte precisamente del Ministerio de Justicia y DDHH, quien ha desconocido el compromiso suscrito en agosto de 2023 por el entonces subsecretario de justicia, actual Ministro, que consiste en allegar recursos frescos para las instituciones encargadas de hacer real el acceso a la justicia para quienes no pueden proveérsela por sí mismos, los más vulnerados del país.
Las CAJs tienen a su cargo no solo la representación jurídica en materia laboral, en familia, y en causas civiles de la población más precarizada, sino además - por mandato legal - la representación del 100% de niños, niñas y adolescentes vulnerables del país, y la de los adultos mayores, asistiendo a población integrada por sobre los 3, 5 millones de personas, con una dotación de tan sólo un abogado y un trabajador/a social por región. La dotación es absolutamente insuficiente, teniendo a trabajadoras y trabajadores, especialmente de estas últimas líneas de acción, con sobrecargas laborales indignas e imposibles de abordar.
En una época donde el desprestigio de las instituciones es alimentando por la corruptela que hemos conocido tras escándalos en diversos medios, quienes aún preservamos algo de equidad para los más vulnerados, no somos escuchados por la autoridad ministerial. Resulta paradójico, pero quienes estamos a cargo de atender a gran parte de la población, somos los hermanos pobres de la justicia, debido a la falta de voluntad política de dotar de los medios necesarios para dar cumplimiento a nuestro mandato.
Por otra parte, también es parte de nuestra función, permitir que egresadas/os de la carrera de derecho, puedan realizar su práctica profesional durante 6 meses en nuestros centros de atención, requisito para obtener su título de abogada/o. Ello ha derivado a que el Estado haga pesar sobre los hombros de quienes deben realizar su práctica profesional, parte importante del acceso a la justicia, también sobreexplotándolos, pues constituyen la mitad de quienes laboramos en las CAJs.
Sin duda el sistema no es muy amable ni con sus usuarias/os ni con sus trabajadoras/es, como tampoco con los egresados de derecho. Aun así, atendemos a más de 566 mil personas en el año, donde el Estado sólo aporta $31,5 (treinta y un pesos y medio) por usuaria/o al AÑO. Ni Mandrake el mago!!! El resto, el gran peso, recae sobre los hombros de funcionarias/os y postulantes al título de abogada/o.
¿De qué modo el Estado asegura este derecho para todas y todos sus habitantes, conforme se desprende del artículo 19 Nª 3 del CPR, con ese magro presupuesto? cuando en la mayor parte de las atenciones intervienen a lo menos 2 profesionales, cuando muchas causas llegan hasta la Corte Suprema, cuando en muchos casos, además, es necesario contener emocionalmente a las víctimas (atenciones a víctimas de delitos violentos), etc. Simplemente no es posible. Si lo logramos es por la enorme vocación de servicio que nos moviliza, mientras por el otro lado, el compromiso del gobierno queda en entredicho.
Una última reflexión para quienes critican a quienes hacen uso del derecho a huelga en el sector público. Lo ideal es que nunca ocurra. Nuestra vocación es el diálogo. Mediante dicho diálogo llegamos a un acuerdo con el subsecretario de justicia el año 2023. Lamentablemente lo incumplió. Y quisiéramos seguir dialogando, para llegar a soluciones, en especial, mirando a quienes son nuestro público objetivo, las personas más vulnerables del país.
El Convenio 151 de la OIT (sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública), suscrito y ratificado por Chile (Dtto 1539 de 26/12/2000), impone a los Estados miembros a crear mecanismos para dar solución a los conflictos entre las partes. En Chile, el único mecanismo que existe es la huelga.
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