Con grandes pancartas y gritos que recitaban “No + impunidad ante la violencia policial”, los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se manifestaron el pasado 12 de mayo en el frontis de La Moneda. ¿Cuál fue el motivo principal? Entregar una carta dirigida al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para solicitar la intervención del Gobierno frente a los hechos de violencia policial registrada en las manifestaciones sociales.
Veintidós personalidades y agrupaciones sociales firmaron la misiva, donde se pide enfáticamente la aplicación de “una política nacional efectiva de promoción y respeto de los DDHH, con las garantías de no repetición que corresponden en el actuar de las fuerzas de orden público; así como medidas urgentes, concretas y multidisciplinarias para abordar las violaciones cometidas por parte de los agentes estatales durante los últimos años desde el Estallido Social de 2019”.
El hecho crucial que detonó esta manifestación fue el asesinato de Francisca Sandoval, joven reportera que falleció tras recibir un impacto de bala mientras cubría una manifestación del Día del Trabajador en el barrio Meiggs. Se sospecha, debido a diferentes imágenes captadas el día de la intervención, que algunos sujetos armados mantenían comunicaciones con efectivos de Carabineros, de manera que Víctor Pino, asesor jurídico de la familia de la periodista, acusó “la posible colusión que existe entre la fuerza policial de Carabineros y las mafias que operaron contra los manifestantes en la marcha del 1 de mayo".
Lamentable acontecimiento que se suma a una lista de víctimas de la violencia policial y civil, que arroja un número no menor en las diferentes manifestaciones sociales. De este hecho y más, sumado a las repercusiones de la misiva, conversamos con Camila Requena, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho la Universidad de Chile.
INTERVENCIÓN EN LA MONEDA Y VIOLENCIA EN LAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Tras la entrega de la carta emitida por ustedes como Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y firmada por varias personalidades y agrupaciones sociales, en la cual se solicita una intervención del Estado frente a la impunidad en los casos de violencia policial, ¿han recibido respuesta por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública? Si su respuesta es positiva, ¿qué análisis le merece su recibo y contestación? ¿Quedaron conformes con la respuesta? De lo contrario, en el supuesto de no haber acusado recibo ni contestación, ¿por qué cree que sucedió? ¿Cuál sería la razón o razones de la nula respuesta?
Hace un par de días recibimos respuesta por parte de las autoridades correspondientes, en la que se señala el compromiso irrestricto con los Derechos Humanos (DDHH) y se compromete el reenvío de la misiva hacia la máxima autoridad del país.
En cuanto al análisis, creo que no es mucho lo que puede desprenderse de aquello. No obstante, el día que fuimos a hacer entrega de aquel instrumento, pudimos, en conjunto con mis compañeros del Centro de Estudiantes, conversar con personas del Gobierno encargadas de recibir este tipo de cartas o solicitudes. Se habló de la urgencia de actuar frente a estas materias y sobre las dificultades impuestas por la oposición en torno a las medidas que toma el Gobierno, por ello, esperamos de corazón que prontamente se puede abrir el paso y avanzar con miras hacia el país que queremos construir.
A su juicio, ¿cuál sería la mejor fórmula o intervención que debería aplicar el Estado de Chile frente al uso desproporcionado de la violencia policial ocasionada en las diferentes manifestaciones sociales?
Hay que distinguir. Por un lado, urgen medidas y pronunciamientos concretos a corto plazo, tanto las relaciones con las destituciones necesarias como también aquellas que tiene que ver con el discurso público. Por otro lado, a largo plazo, creo que es menester comprender que el actuar de Carabineros responde a una forma de accionar que lleva años. Los actos de violencia desmedida, detenciones arbitrarias y violación a los DDHH no son hechos aislados, por lo mismo, urge tomar acciones respecto a la institución misma, sea la reforma o refundación de Carabineros. Entre ambos escenarios, a juico de quien escribe, la refundación es la mejor medida tras el dolor que se ha causado a las víctimas de violencia policial desmedida.
¿Qué crítica le merece los actos de vandalismo que se producen en el centro de Santiago con ocasión de las marchas?
Bueno, como todo acto de violencia, evidentemente que lo condenamos categóricamente. El derecho a la protesta consagrado en instrumentos internacionales y legislaciones de otros países que han abordado el tema, y que además está consagrado en el borrador de la nueva Constitución - siempre va a acompañado del calificativo de “pacífica”. En eso, como estudiantes de Derecho, no nos perdemos.
Sin embargo, entendemos que la situación que llevó al denominado estallido o revuelta social se origina en una violencia mucho más estructural, emanada de situaciones de abuso grave que se fueron acumulando por años y años, y donde no existió solución alguna. Entonces, si de verdad queremos lograr una verdadera paz social, debemos hacernos cargo de esa violencia sistémica que ha provocado la rabia (generada también desde un dolor previo) de amplios sectores postergados y abusados por mucho tiempo. Asimismo, si agregamos que muchas de las manifestaciones pacíficas que se dieron en octubre de 2019 tuvieron como respuesta una represión desmedida y brutal por parte de las fuerzas de orden y seguridad, evidentemente tenemos la reacción más violenta de aquellos grupos que se manifestaban legítimamente. En otras palabras, la violencia siempre, indefectiblemente, lleva a más violencia.
Por lo tanto, tenemos por un lado un sistema violento, segregador, abusador, que es causante de la protesta social; y en el lado opuesto se encuentra la reacción estatal totalmente desmedida frente a dichas formas de manifestación. De ello, la conclusión más lógica es que los niveles de violencia fueran al alza. No existía otra posibilidad, porque hubo un Estado que reprimió, torturó y violó los DDHH. Entonces la violencia y el denominado vandalismo que se produce en el centro de Santiago, es un tema bien complejo, que se cruza con variables incluso a veces desconocidas que nos plantean dudas razonables.
¿Cómo propone enfrentar la confusión que se produce entre el ejercicio del derecho a la manifestación y la violencia que acompaña a dicho ejercicio?
Nuevamente, creo que aquí es menester ser responsables. En efecto, el derecho del que hablamos es el derecho a la manifestación, para muchos, un verdadero derecho a la protesta. Entendiendo esto, veremos también que las manifestaciones son un pilar fundamental en una sociedad democrática. Pues bien, de la misma forma, el derecho y actuar estatal ha realizado también una criminalización de la protesta social, viendo a ella como una amenaza y no como una vía de fortalecimiento democrático. Así expuestas las cosas, es necesario separar esa postura. El derecho a la manifestación es un derecho que sirve de pilar para una sociedad bajo un estado democrático, como una forma digna y necesaria de movilización y articulación de lucha por demandas sociales. Por otro lado, cierto es que, en el transcurso de manifestaciones diversas, la violencia no ha estado exenta. La situación es reprochable, no nos perdemos en ello, pero si pregunto ¿dónde inicia la violencia? ¿Cuál ha sido la respuesta estatal frente a estas situaciones? Parecen ser ambas respuestas ya respondidas en la entrevista.
¿Cómo enfrentaría la crítica según la cual la política gubernamental se ocupa más de los delincuentes que de las víctimas? ¿Piensa usted que ellas (víctimas) deberían contar con más apoyo judicial?
Siendo clara, y desde una óptica de DDHH, creo que desde un comienzo es necesario comprender que los derechos de las personas son intrínsecos a ellos, considerándolas iguales en dignidad y derecho. Dejando claro aquello, la pregunta me parece un tanto engañosa, pues ¿en qué sentido se ha dicho que existe una mayor preocupación (u ocupación) hacia los delincuentes, si hoy hay incluso quienes cumplen condena por delitos que no hay certeza que hayan sido provocados por ellos? Debemos ser responsables en esto, el Estado está al debe, tanto con aquellas situaciones que han podido ser factores detonantes para delinquir (que claramente no justifican en ningún caso el quebrantamiento del cuerpo normativo), pero también con quienes han sido víctimas directas de actos delincuenciales.
Las victimas debiesen contar con un apoyo importante por parte del Estado, me refiero a medidas reparatorias y a un acompañamiento integral. A juicio personal, más que el enfoque en como endurecer las penas, este debiese estar en cómo evitamos estas situaciones y reparamos a quienes se han visto afectadas por las mismas.
¿Por qué cree usted que aún existiendo un presidente que rechaza y condena la impunidad frente a la violencia policial, se siguen reportando casos de uso desproporcionado de las fuerzas policiales o la no sanción hacia aquellos que ejecutan dicha violencia? ¿Es acaso responsabilidad de la oposición que no deja gobernar o legislar en torno a estas materias?
Creo que el actuar de Carabineros y la violencia desproporcionada de la misma institución, van más allá del Gobierno actual. A juicio personal, esta forma de proceder es de larga data y ha permeado ya en la estructura misma de la institución. En cuanto a la sanción de estos actos, el actuar del Sistema Judicial ha estado muy entre miras. Seamos claros, la institucionalidad en nuestro país se ha visto al límite muchas veces frente a actos de este tipo, donde la lucha por “No más impunidad” no es una cosa del pasado. La búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición son una lucha hoy.
La oposición, en efecto, ha jugado un rol no pasivo respecto a esto, y es que tanto el posicionamiento como las trabas que se han colocado desde la nula disposición a negociar, han dificultado una ardua tarea, en la que lamentablemente hay mucho por andar.
En el borrador constitucional se estipula que la educación y formación policial se fundará en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos. ¿Cree usted que, al atribuir este carácter a las policías chilenas, se garantiza un espacio sin violencia policial en las manifestaciones sociales?
Creo que atribuir dicho carácter es un paso tremendamente importante en miras a las garantías de reparación y no repetición. No obstante, hay que ser claros también; Carabineros de Chile es una institución que durante el estallido social no solo hizo uso desmedido de la fuerza, sino que también torturó, persiguió y violó los DDHH de la población. Es más, hoy existen víctimas con trauma ocular producto de su actuar.
Expuestos así los hechos, aunque considerando que lo expuesto en el borrador constitucional es un gran avance, será necesario un arduo trabajo para que esto se lleve a la práctica y para que podamos contar con una policía que garantice un espacio sin violencia policial en las manifestaciones sociales.
ROL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA U. DE CHILE
¿Qué significado tiene para ustedes como estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que el actual presidente y parte importante de su equipo ministerial y de gobierno sean egresados de la Facultad?
Creo que es una suerte de recordatorio importante del rol público que caracteriza nuestra Escuela. A fin de cuentas, a juicio personal, el derecho no es más que una herramienta que debe estar a disposición de la ciudadanía y en miras de siempre contribuir al Chile que queremos.
¿Cree usted que la Escuela los está preparando para asumir estas tareas tan relevantes para el país?
Totalmente. Creo que la escuela nos entrega herramientas y directrices para que, en un futuro, seamos capaces de contribuir a las necesidades de nuestro país. La Universidad se ha caracterizado por generar el encuentro de verdades, donde el debate se ha convertido en parte fundamental. Asimismo, la Escuela se ha posicionado como un espacio pluralista, donde las verdades se tocan y donde el compromiso con lo público es férreo. Debido a lo mismo, creo que la Escuela entrega un abanico de herramientas y posibilidades, las que cada uno de nosotros sabrá usar en el espacio que desee hacerlo.
Ahora, respecto al rol de las mujeres en los centros de estudiantes de la Escuela, ¿cuántas mujeres han ocupado la presidencia del Centro de Estudiantes de Derecho? ¿La presidencia femenina es vista por las/os estudiantes como una conquista política de las mujeres? ¿Las mujeres presidentas han legado alguna conquista propia de las demandas femeninas?
Desde 1917, han sido 7 las presidentas del Centro de Estudiantes, cifra que a mi gusto es importante también analizar. A lo largo de los años, las mujeres hemos sido relegadas más bien a la esfera privada, mientras que el mundo político históricamente ha estado en manos de los hombres.
Hace algunos días, en Clínica Optativa de Violencia de Género, hablábamos de la llamada brecha de autoridad. Básicamente, existe la creencia (absurda) de que el hombre de por sí está más preparado para asumir cargos de autoridad, mientras que las mujeres debían pasar por un proceso de validación frente a otros. Entonces, prácticamente había que demostrar el por qué se estaba donde se estaba.
Pues bien, creo que nos queda mucho por andar como sociedad respecto a este, no obstante, la ola feminista del 2018 vino a sacudir también lo que estaba normalizado. Y entre sus tantas conquistas, la mujer en la política y dirigencia es una de ellas.
Más allá de conquistas concretas, creo que es importante comprender la impronta de las demandas feministas encarnadas bajo la dirigencia de compañeras que defienden esos ideales. Estas demandas se ven en el accionar diario, en la construcción poco a poco de una facultad feminista, con espacios seguros para nosotras.
De un tiempo a esta parte la escuela de Derecho de la PUC les disputa el ser la escuela de Derecho de mayor prestigio, ¿cómo cree usted que influye en esta disputa el que las egresadas y egresados tengan una relevante presencia en el actual Gobierno?
A juicio personal, creo que es una disputa larga que olvida también el enfoque distinto de ambas escuelas. No hablo de que una u otra sean mejor, creo que ambas responden a lo que una busca en su formación. La Escuela de Derecho de la U. de Chile se caracteriza por un fuerte compromiso con el rol social, por la rigurosidad, el debate y la búsqueda de la verdad, y eso creo que se amoldará al actual gobierno o en lo que pretendemos ser como país.