En Bolivia, luego de la Guerra del Agua (2000) y de la Guera del Gas (2003), la Asamblea Constituyente (2006-2009) consolidó un histórico pacto social y político para una sociedad plural, diversa y con profundas e históricas desigualdades y asimetrías socio-económicas, esas desigualdades que situaron en un lado de la brecha a los privilegiados y en el otro a los excluidos, los diferentes por raza, clase, sexo y otros factores de discriminación.
Para los pueblos indígenas, los históricamente excluidos, la promesa constituyente fue clara: restitución territorial, reconstitución institucional de sus sistemas políticos y jurídicos y procesos de igualación para superar la discriminación estructural que pervivió desde la fundación de la república (1825).
En este proceso constituyente que incluyó a pueblos indígenas de tierras bajas, altas y al sector campesino de los valles, así como a representantes conservadores y otros sectores, a partir de un diálogo democrático entre diversos, se pactó el reconocimiento pleno a derechos individuales (civiles y políticos), a derechos colectivos de pueblos indígenas (como el derecho a la territorialidad y la consulta previa) y a derechos de la Madre Tierra.
También se acordó democráticamente una nueva organización territorial y la repartición de competencias entre el nivel central, el departamental, municipal y de autonomías indígenas para desconcentrar el poder centralizado e hiperpresidencialista que pervivió en Bolivia desde la primera Constitución boliviana de 1826. Los diversos, en diálogo democrático, pactaron también un modelo económico plural que protegía a la empresa privada y a las formas de organización económica comunitaria y social cooperativa.
Entre diversos, se pactó también una democracia plural que no solo incluía a la democracia liberal representativa, sino también a la democracia comunitaria que debía ser ejercida por autoridades indígenas elegidas a través de sus sistemas políticos y jurídicos propios para lograr -desde la interculturalidad y el diálogo de saberes- una organización estatal plurinacional de la cual, los pueblos indígenas debían ser parte a través de una participación política real, esa que les fue históricamente negada.
Estos pactos democráticos entre diversos fueron sellados con la Constitución promulgada en la ciudad de El Alto un 7 de febrero de 2009. Así nació esta Constitución, con una altísima legitimidad democrática ya que del 90.26% de personas inscritas en el padrón electoral y que acudieron a las urnas, el 61.43% aprobó su contenido. Este porcentaje de aprobación para un país tan diverso, fue una esperanza de reencuentro y reconciliación con memoria y con una voluntad conjunta de superar patrones estructurales de discriminación y exclusión.
Sin embargo, de manera paulatina, desde el 2010, a través de leyes, decretos supremos y decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la Constitución democrática de 2009 fue sustituida por contra-reformas inconstitucionales que desconocieron estos pactos democráticos entre diversos. Estas contra-reformas implicaron un reconocimiento formal de un Estado plurinacional y un retorno material al Estado-Nación profundamente excluyente, homogeneizante, hegemónico y con rostro de varón con cuello blanco.
En las elecciones de 2025, en segunda vuelta, ganó el binomio de Rodrigo Paz y Edman Lara con el 54.96% del total de votos frente al 45,04% que obtuvo Jorge Quiroga, el candidato afín a los sectores más conservadores y empresariales del país. En esta etapa electoral, el candidato presidencial, ahora presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ofertó al electorado una posición más moderada a la de su opositor y prometió a los pueblos indígenas andinos -sus mayores votantes- un gobierno participativo que los incluya.
El pacto pre electoral de participación e inclusión política tuvo un epicentro en la zona andina que ahora se rebela al engaño; por eso, no es casualidad que el mayor porcentaje de votos del binomio ganador Paz-Lara se concentró en el Departamento de la Paz y en provincias habitadas mayoritariamente por población aymara como Omasuyos, Larecaja, Inquisivi y Murilo.
En este punto, conviene recordar que, desde la Reforma Agraria, los pueblos indígenas andinos de tierras altas, polarizaron en reivindicaciones con las estructuras sindicales campesinas de los valles, de las cuales surgió Evo Morales, por lo que una asimilación de los movimientos indígenas andinos ahora movilizados con esta figura política, sería sesgada e imprecisa.
En efecto, la visión andina de pueblos indígenas apeló históricamente a la restitución territorial comunitaria y a la reconstitución de sus sistemas jurídicos y políticos propios; por el contrario, para las comunidades campesinas de los valles, la dotación de tierras debía ser individual bajo el lema: “La tierra es para quien la trabaja”. A pesar de esta polarización, en ambos casos las mujeres indígenas y campesinas siempre tuvieron y aún tienen un papel subalternizado.
Paz, una vez elegido presidente, aisló del ejercicio del poder a su vicepresidente y cambió radicalmente el plan de gobierno prometido en la etapa electoral. Sin mayor demora profundizó las contra-reformas a la Constitución a través de medidas normativas y de política pública destinadas claramente a favorecer al agronegocio, a la concentración de tierras a favor de una élite empresarial del oriente boliviano y a la desarticulación de tejidos comunitarios de pueblos indígenas.
En el primer semestre del nuevo gobierno, el Estado-Nación homogeneizante, excluyente, patriarcal y profundamente racista se mostró ahora sin eufemismos. Los pactos políticos entre diversos consensuados democráticamente en el proceso constituyente estaban heridos de muerte.
Aunque las contra-reformas constitucionales perduraron desde el 2010 hasta el 2025, en este periodo todavía se disfrazaron con un discurso inclusivo; sin embargo, la nueva aristocracia gubernamental, desde el día que llegó al poder, borró a los pueblos indígenas tanto del simbolismo como del lenguaje político, sus luchas y su identidad fueron colocadas en el baúl de una memoria condenada al exilio; entonces, el Estado plurinacional fue percibido en clave de engaño y el no pertenecer, el no ser, el no existir desbordó calles y carreteras paceñas con ponchos rojos y polleras multicolores en medio de variopintas reivindicaciones obreras, sindicales, fabriles, etc.
Aunque estas voces plurales pretendan ser silenciadas por narrativas racializadas y confrontaciones fratricidas propias de una no democracia, seguirán construyendo polifonías de emancipación y lucha contra patrones estructurales e históricos de discriminación y exclusión política. -