El año 2024 es el primer año sin un proyecto de reforma ni de cambio de constitución desde el mes de octubre del año 2019, y el resultado no deja de ser llamativo, después de un plebiscito de entrada que rechazó mantener vigente la constitución de la dictadura y abrió el proceso constituyente, dos proyectos constitucionales de distinto signo (2022, 2023) fueron rechazados.
El problema es que estos tres rechazos (el de la Constitución vigente y el de los dos proyectos) implican que el año 2024 lo estamos viviendo sin marco constitucional: estamos inundados de conductas y prácticas inconstitucionales.
Ello se visualiza nítidamente en el Congreso, desde el Senado donde no se respetan los acuerdos hasta la Cámara donde se presentan proyectos de todo tipo que resultarían ser inconstitucionales a la luz del resabio de texto que va quedando. Se suma a lo anterior, las acusaciones constitucionales sin fundamento ni apego a las formas –como ocurrió en aquella presentada contra el ministro Montes–.
El poder del más fuerte tanto económica como políticamente se está imponiendo, queriendo sumar a la vez el poder de las armas, por ello, tanta prisa en legislar las reglas del uso de la fuerza, dado que dichos poderes requieren entregar garantías al poder de fuego para poder operar.
Por otro lado, hace un tiempo la Excelentísima Corte Suprema, legista, ordena y además determina las políticas públicas, el ejemplo de los fármacos de alto costo, el fallo que ordena el pago general por las ISAPRES. Por otro lado, tampoco implementa los fallos del Tribunal Constitucional (rol 80.739-2022) referido a un caso de acceso a la información pública, hecho similar ocurrió años atrás respecto de la aplicación del procedimiento de tutela laboral a los funcionarios (as) públicos.
En resumen, no hay seguridad alguna de las normas a aplicar ni como se deben aplicar y cuál es su alcance, la comunidad jurídica por su parte, esta presa de intereses empresariales y existe la sensación que es perseguida por la propia justicia: son una rara avis, las personas dedicadas al derecho que no tengan más interés que la sostenibilidad de la disciplina y el amor por ella.
Esta anomia nos está llevando a una regresión autoritaria, lo que no es una novedad para las personas que habitamos este territorio, dado que ha sido el mecanismo usado por las elites chilenas desde el nacimiento de la república.
¿Es posible vivir sin Constitución? ¿Es sostenible un sistema democrático donde incluso los propios poderes violan un texto que además está “charqueado”, carece de legitimidad y no proporciona certeza jurídica? Nos parece que no.
En un país con un orden constitucional tan feble, y en que aparecen aires de totalitarismo, las comunidades académicas están en el deber de analizar y plantear un camino posible que sea realista y democrático para constituirnos como país, ya sea analizando críticamente los procesos y procedimientos anteriores y pensando mecanismos y caminos de solución.
Es una tarea difícil y ardua que requiere perseverancia y buen criterio, espero que esta vez estemos a la altura del desafío y que el futuro no nos depare la intervención de la Universidad como hace 51 años atrás.