Cuando nos preguntan por qué nos enfocamos en los asuntos ambientales como temas prioritarios que no pueden esperar, la respuesta es que, en serio, no pueden esperar. Es un hecho que la crisis ecológica solo se está agudizando y que ya está afectando seriamente nuestras condiciones de vida.
Olas de calor
El año 2022 nos dejó temperaturas récord que no se registraban hace décadas en nuestro país. En diciembre, Santiago registró una de las temperaturas más altas en la historia de la capital con 36,7°C. Asimismo, la zona central registró más días con temperaturas sobre 30° que el año pasado, con más de 15 episodios de “olas de calor”. Estas altas temperaturas pueden provocar una serie de complicaciones a la población, tales como descompensaciones en pacientes crónicos, trastornos de “golpe de calor” en niños, niñas y personas mayores y mayor tasa de accidentes laborales.
Frente a esta situación, la biodiversidad es clave. Las ciudades con árboles nos protegen del calor y aumentan la humedad ambiente. Es más, un reciente estudio de IS Global indica que tener un 30% de cobertura arbórea en los barrios se asocia a una mejor salud y un menor consumo de medicamentos para las personas. Por ello, se sabe que urgen políticas que corrijan la ausencia de vegetación y el exceso de concreto frente a la desigual distribución de “áreas verdes” que existe en nuestro país.
Pero eso no es todo: desde hace 20 años la comunidad científica viene investigando la capacidad protectora de la biodiversidad frente a la propagación de enfermedades infecciosas que afectan a la humanidad, demostrando así nuestro estrecho vínculo con las otras formas vivas. En ese sentido, entre los días 7 y el 19 de diciembre 2022 se realizó en Montreal la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad. Un evento que, si bien no estuvo exento de la infiltración de los intereses de las corporaciones que impidieron mayores avances, de igual forma se llegó al acuerdo de pasar de una superficie mundial protegida de 17% (terrestre) y 10% (marítima) a un 30% (terrestre y marítima) para el año 2030.
Frente a esto es importante señalar que Chile no es un ejemplo de real protección de áreas protegidas, debido a que aún está permitida la realización de actividades industriales y extractivistas en estas zonas, tales como la minería y la salmonicultura.
Incendios
Junto a las olas de calor, otras graves emergencias ambientales han preocupado a la población durante los últimos días: El viernes 16 de diciembre, una densa nube de humo proveniente de una serie de incendios forestales cubrió la capital, lo que debido a diversos malestares de salud, dio origen a una tardía alerta por riesgo sanitario de las autoridades. La semana siguiente los incendios continuaron y esta vez impactaron gravemente la comuna de Viña del Mar, dejando a dos personas fallecidas, 330 viviendas dañadas y 110 hectáreas consumidas por el fuego con algunos ecosistemas irrecuperables (incluyendo palmas chilenas que tenían más de 500 años de edad), junto con animales perdidos, quemados y otros fatalmente calcinados.
Estas últimas emergencias tienen un factor común: Según datos de CONAF, el 99% de los incendios forestales son provocados por el ser humano, y el 32,98% es intencional. Por lo mismo, las organizaciones han reclamado a las autoridades que persigan penalmente a quienes tengan participación directa o indirecta en los siniestros, pero también que se tomen otras medidas preventivas, como la rápida tramitación del proyecto de ley que busca prohibir los cambios de uso de suelo y la construcción en suelos siniestrados, mejorar las políticas de gestión de residuos, asegurar la restauración de las especies nativas destruidas por el fuego mediante instrumentos de planificación territorial y actualizar la ley de protección del bosque nativo para superar el actual modelo forestal. En efecto, está demostrado que los incendios se propagan más rápido en monocultivos de pino o eucalipto que en bosques formados por especies nativas, porque en estos últimos se mantiene más la humedad del suelo y del ambiente (1).
El agua
Resulta imposible pensar en enfrentar cualquiera de las emergencias ambientales y sanitarias sin agua. En consecuencia, la profunda crisis hídrica que atraviesa nuestro país debería ser nuestra principal preocupación por estos días. Hoy, de nuestras 346 comunas, más de 188 se han decretado en escasez hídrica, 16 ríos han sido declarados totalmente agotados y 400.000 familias dependen del agua que les entregan camiones aljibes ciertos días de la semana. Asimismo, sabemos que la distribución y uso del agua es desigual, debido a que obedece a criterios de mercado desde su privatización en 1980. Sin ir más lejos, Chile se encuentra hoy entre los países con mayor estrés hídrico del mundo (2), lo que significa que la demanda de agua es mucho más alta que la cantidad disponible, principalmente debido al sector agrícola que concentra el 73% de la demanda hídrica total del país. En este sistema, además, el 1% de los dueños de “Derechos de Aprovechamiento de Aguas” concentra el 79% del volumen total disponible, demostrando así el fracaso absoluto del modelo de mercado. En concreto, el agua debe ser declarada a la brevedad como un bien común inapropiable para que sus autorizaciones se vuelvan incomerciables, se gestione el agua de manera comunitaria e integral por cuencas hidrográficas y se re-distribuyan sus usos estableciendo el uso prioritario para el consumo humano y el equilibrio ecosistémico. Junto con ello, urge proteger a los glaciares de los proyectos mineros, ya que en Chile se encuentra la mayor reserva de estos ecosistemas milenarios de toda Sudamérica, que entre sus cualidades se encuentra la de ser la principal reserva de agua dulce del planeta.
Lo que resulta paradójico respecto al agua es que, durante noviembre del 2022, fue el propio Comité de Ministros –presidido por la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas e integrado por otros ministros, como el de Agricultura (Esteban Valenzuela), Salud (Ximena Aguilera) y Economía (Nicolás Grau)- quien rechazó las reclamaciones interpuestas por las comunidades en contra del Proyecto minero “Desarrollo Los Bronces” y el proyecto hidroeléctrico “Alto Maipo”. Estas reclamaciones buscaban revisar los permisos ambientales (Resoluciones de Calificación Ambiental) de ambos proyectos por distintos antecedentes que evidencian riesgos para la calidad y cantidad de agua de la cuenca del Río Maipo, la cual abastece de agua potable a 7 millones de personas. Lamentablemente, la decisión de respaldar estos proyectos por parte de los ministros del actual gobierno es una muestra de que se está tomando un rumbo equivocado en material ambiental y se suma a otras decisiones que han causado una enorme preocupación, como lo es el respaldo al TPP-11 o el impulso a desafíos climáticos que derivan en Falsas Soluciones que profundizan la crisis (mediante políticas que mantienen o intensifican industrias destructivas y depredadoras).
Es hora de retomar el camino de los desafíos ecológicos y apuntar a construir las reales soluciones a los problemas que nos aquejan. Estos desafíos pasan por la ejecución de medidas ya señaladas, como la efectiva protección de los ecosistemas del país y la socialmente anhelada desprivatización del agua, pero también por fijarnos nuevos desafíos ecológicos transversales acordes con el tamaño de la crisis que estamos viviendo. En esa línea se ubica el reconocimiento del derecho a la mantención, regeneración y restauración de la Naturaleza y la búsqueda de políticas económicas locales y macroeconómicas que tengan una verdadera perspectiva ecológica. La razón: ¡Sin lugar a duda, hoy “lo verde” es un asunto de vida o muerte.
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PÉREZ, Fernanda. académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UC. Disponible en: https://www.uc.cl/noticias/que-recomiendan-los-expertos-uc-para-prevenir-incendios-forestales-este-verano/
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Según el último estudio (2019) de World Resources Institute del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Chile se encuentra en el puesto 18. Esta posición coloca a nuestro país como el más afectado por esta condición en América Latina.